Sentencia A. 693/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016

 

AUTO 693 DE 2026

 

Referencia: Sentencia SU-235 de 2016

 

Asunto: acci�n de tutela instaurada por la Asociaci�n Colombiana Horizonte de Poblaci�n Desplazada �Asocol� de Familias Desplazadas del municipio de Piedecuesta contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Incoder Nacional y el Incoder territorial (Valledupar)

 

Tema: solicitudes de participaci�n en el seguimiento

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cort�s Gonz�lez

 

Bogot� D.C., primero (1�) de junio de dos mil veintis�is (2026)

 

La Sala Especial de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, seg�n lo previsto en el art�culo 27 del Decreto 2591 de 1991, y de aquella conferida por el Auto 992 de 2025, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes

 

I.                  ANTECEDENTES 

 

1. Contexto previo a la emisi�n de la Sentencia SU-235 de 2016. En el marco del proceso de clarificaci�n de la propiedad sobre los predios ubicados en la antigua Hacienda Bellacruz^[1], a trav�s de la Resoluci�n 1551 del 20 de abril de 1994, el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- declar� que aquellos denominados Potos�, Ca�o Negro, Los Bajos, San Sim�n, Venecia, Mar�a Isidra y San Miguel eran bald�os^[2], mientras La Mata, Bellacruz, RHIN, Monte L�bano, Ca�o Ciego, La Ceiba, La Aguardientera, San Juan, El Clavo, Alonso, El Ed�n, Tapias y Pajaral eran de propiedad privada.

 

2. Mediante la Resoluci�n 481 de 2013, se declar� la indebida ocupaci�n sobre los predios Potos�, Venecia, Los Bajos, Ca�o Negro y San Sim�n por parte de las sociedades Frigor�fico La Gloria S.A.S., M. R. de Inversiones S.A.S., La Dolce Vista Estate INC Sucursal Colombia y el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria^[3]. No obstante, mediante las Resoluciones 334 del 19 de febrero y 5659 del 14 de octubre de 2015, el Incoder declar� la p�rdida de fuerza ejecutoria de los mencionados actos administrativos. En consecuencia, la entidad orden� reiniciar el proceso de clarificaci�n de la propiedad sobre aquellos predios.

 

3. Acci�n de tutela. El 8 de abril de 2011, el representante legal de la Asociaci�n Colombiana Horizonte de Poblaci�n Desplazada �Asocol� presentó acci�n de tutela contra el Incoder para lograr que dispusiera el proceso de recuperaci�n de bald�os indebidamente ocupados y que, posteriormente, aquellos les fuesen adjudicados a los miembros de la asociaci�n. Frente a esa solicitud de amparo, el 22 de abril de 2015, el Juzgado 010 Civil del Circuito de Bucaramanga profiri� sentencia en la que neg�, por improcedente, la acci�n de tutela, sin que su decisi�n fuera impugnada.

 

4. Sentencia SU-235 de 2016. El 12 de mayo de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional profiri� la Sentencia SU-235 de 2016 y concedi� la protecci�n de los derechos al debido proceso administrativo, al trabajo y a la vivienda en condiciones dignas de los accionantes, con efectos inter comunis a quienes fueron desplazados de la Hacienda Bellacruz en febrero de 1996. En consecuencia, esa providencia contempl� las siguientes medidas de protecci�n para los derechos amparados:

 

Tabla 1. Medidas de protecci�n dictadas en la Sentencia SU-235 de 2016

 

5. Seguimiento por parte de la Corte Constitucional. En atenci�n a varias solicitudes de cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, que refer�an la imposibilidad jur�dica para continuar con la gesti�n tendiente a su acatamiento, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto 992 del 2 de julio de 2025, asumi� su verificaci�n a trav�s de esta Sala de Seguimiento. Aquella providencia advirti� un escenario complejo que imped�a el cumplimiento de la decisi�n, con consecuencias adversas para la satisfacci�n material de los derechos fundamentales ya amparados en la Sentencia SU-235 de 2016.

 

Tabla 2. Factores que impactan el cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 seg�n el Auto 992 de 2025

 

6. As� las cosas, el Auto 992 de 2025 concluy� la necesidad de la intervenci�n temporal de la Corte Constitucional en este asunto, mientras aquellos tres factores de incumplimiento se superan, para efecto de que la Sentencia SU-235 de 2016 sea ejecutada de forma integral.

 

Intervenci�n posterior de la Sala de Seguimiento

 

7. Tras la emisi�n del Auto 992 de 2025, una vez asignada la labor de seguimiento a una Sala espec�fica, esta profiri� las siguientes decisiones:

 

Tabla 3. Relaci�n de las decisiones adoptadas en el marco del seguimiento

 

8. Sumado a lo anterior, el despacho del magistrado ponente, mediante providencia del 27 de abril de 2026[6], decret� una prueba de oficio. En concreto, ofici� a la Defensor�a del Pueblo para que verifique la situaci�n de la que trataban las reiteradas comunicaciones de la comunidad, los trabajadores y las autoridades locales de la zona en que se encuentran los predios, que denunciaban una afectaci�n derivada del cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, con el fin de que, en su momento, la Sala de Seguimiento las valore y adopte las decisiones a las que haya lugar.

 

Solicitudes de participaci�n en el seguimiento

 

9. Tras la emisi�n del Auto 1732 de 2025, entre enero y marzo de 2026, fueron recibidas 27 comunicaciones remitidas por personas interesadas en que se abra la participaci�n en el proceso sobre la validaci�n del cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, a los trabajadores del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., a este �ltimo, a la comunidad y a las autoridades locales del municipio La Gloria.

 

1)    Solicitud del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. � GAHLG

 

10. El 20 de enero de 2026[7], en el marco de la verificaci�n del cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. � GAHLG reclam�: (i) su vinculaci�n al tr�mite; (ii) que se considere el impacto que pueden tener las medidas sobre sus trabajadores; (iii) crear un mecanismo de seguimiento que involucre a esa sociedad, como tambi�n a las entidades p�blicas demandadas, a la Procuradur�a General de la Naci�n y a los demandantes; y (iv) ordenar al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci�n de Tierras de Barrancabermeja la apertura de una etapa de negociaci�n entre los demandantes y el Grupo, para buscar f�rmulas de arreglo que involucren la compensaci�n de los bienes objeto de restituci�n y la protecci�n de la actividad de explotaci�n econ�mica que se desarrolla sobre el predio, a favor del Grupo. Asimismo, solicit� ordenar la vinculaci�n de la sociedad al proceso de restituci�n de tierras.

 

2)    Solicitud de la Alcald�a del municipio de La Gloria (Cesar)

 

11. El 12 de febrero de 2026, la Alcald�a del municipio La Gloria se manifest� sobre el impacto social, econ�mico y la influencia que representa la Hacienda La Gloria en los ingresos municipales. Adem�s, indic� que eventualmente la falta de actividad productiva de la referida hacienda impactar�a directamente en el derecho al trabajo de gran parte de los habitantes del municipio. En consecuencia, solicit� se convoque a las autoridades municipales al seguimiento de la Sentencia SU-235 de 2016.

 

3)    Solicitudes de varios miembros de la comunidad y de trabajadores del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. � GAHLG

 

12. La Secretar�a General de la Corte Constitucional remiti� al despacho ponente numerosos escritos presentados por trabajadores del GAHLG y por miembros de la comunidad. En tales comunicaciones, los solicitantes expresaron su preocupaci�n por el impacto socioecon�mico y laboral que pudiere causar el cumplimiento del fallo en seguimiento sobre las familias que dependen de los empleos directos e indirectos vinculados al grupo agroindustrial. Lo anterior, con ocasi�n de la restituci�n de tierras que se adelantar� en cumplimiento de las �rdenes impartidas en la Sentencia SU-235 de 2016. Estas solicitudes se relacionan a continuaci�n:

 

Tabla 3. Relaci�n clasificada de las solicitudes recibidas que ser�n objeto de pronunciamiento

 

 

II.               CONSIDERACIONES

 

13. En esta oportunidad la Sala de Seguimiento resolver� solicitudes de apertura a la participaci�n en el tr�mite de verificaci�n y seguimiento al acatamiento de lo resuelto en la Sentencia SU-235 de 2016.

 

14. Para ese efecto, esta providencia recordar� (i) la tipolog�a de los efectos de los fallos de tutela, (ii) el alcance de la fase de seguimiento al cumplimiento de una decisi�n de tutela, (iii) los efectos de la Sentencia SU-235 de 2016, y (iv) con fundamento en ello, resolver� las referidas solicitudes. Enseguida, (v) se pronunciar� sobre las peticiones del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. � GAHLG diferentes a las que refieren la participaci�n en el tr�mite de seguimiento que se surte ante esta Sala.

 

Tipolog�a de efectos de las sentencias de tutela dictadas por la Corte Constitucional

 

15. Seg�n lo normado en los art�culos 48 de la Ley 270 de 1996 y 36 del Decreto 2591 de 1991, por regla general, las decisiones de tutela tienen efetos inter partes[9], que se proyectan exclusivamente sobre el caso concreto, sin tener �ninguna repercusi�n m�s all� de los intervinientes�[10]. En otras palabras, las decisiones y �rdenes dictadas en sede de tutela, incluso por parte de esta corporaci�n, vinculan a los extremos procesales en el caso concreto, y solo ata�en de forma directa a quienes participaron como (i) demandantes, (ii) demandados o (iii) como terceros con un inter�s reconocido por el juez en el tr�mite de tutela. Son quienes tienen alguna de estas calidades las personas facultadas para presentar solicitudes al interior del expediente de tutela e intervenir en la causa, hasta el momento del cumplimiento de la decisi�n.

 

16. �Excepcionalmente, las sentencias de tutela en sede de revisi�n se profieren con efectos inter comunis[11]. Estos admiten extender los efectos del fallo a terceros cuando �(i) [�] la protecci�n de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) [�] quienes no acudieron a la acci�n de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) [�] con la adopci�n de este tipo de fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva�[12]. Por consiguiente, el otorgamiento de efectos inter comunis representa una medida excepcional, discrecional y reservada a la Corte Constitucional, como un mecanismo atado a su funci�n de revisi�n de las acciones de tutela[13], para (a) evitar la proliferaci�n de decisiones encontradas o equivocadas, (b) proteger el derecho a la igualdad y (c) garantizar la supremac�a constitucional y el principio de econom�a procesal o la prerrogativa de especial protecci�n constitucional de la que gozan ciertos sujetos, y que hace imperioso que los efectos del fallo se extiendan a una colectividad[14], comunidad o grupo[15].

 

17. La jurisprudencia ha considerado que los efectos inter comunis proceden al constatar que (i) existe comunidad entre los hechos, los accionados y las pretensiones, (ii) las personas se encuentran en igualdad de condiciones f�cticas y jur�dicas de quien presenta la solicitud de amparo constitucional, aun cuando no hayan acudido previamente al juez de tutela, y (iii) se advierte una identidad en cuanto a los derechos fundamentales amenazados y/o vulnerados[16]. Bajo esa premisa, los beneficiarios indirectos de la protecci�n constitucional no tienen la carga de acudir a una nueva acci�n de tutela para solicitar la protecci�n de sus derechos sino, por el contrario, tienen la posibilidad de concurrir a la autoridad destinataria de esta para solicitar ser cobijados por los efectos extensivos de la providencia[17].

 

18. Adicionalmente, las decisiones de esta corporaci�n pueden tener efectos inter pares. Esta tambi�n es una modalidad excepcional de modulaci�n de las decisiones de tutela, con un sentido amplificador de sus efectos[18] y se configura cuando al resolver un problema jur�dico ligado a la aplicaci�n de un marco normativo concreto en un contexto f�ctico determinado, la Corte Constitucional, y solo esta[19], concluye que �nicamente �existe una respuesta v�lida desde el punto de vista constitucional para resolver un problema jur�dico. De manera que, aquella debe aplicarse a todos los casos similares sin excepciones�[20]. Por lo que dota a la decisi�n de una fuerza particular en condiciones f�cticas y jur�dicas an�logas, en las que resulta vinculante y obligatoria para los jueces, con el fin de responder a problemas recurrentes o generalizados[21].

 

19. Lo cierto es que un fallo de tutela, aunque sea proferido por la Corte Constitucional, jam�s tendr� efectos erga omnes[22]. Ninguno puede servir para �verificar [y adoptar medidas de protecci�n para contener] la vulneraci�n de derechos fundamentales en abstracto, a fin de proferir una decisi�n [�] de car�cter general�[23]. De tal suerte, una decisi�n judicial dictada en el marco de un asunto de tutela no tiene la capacidad para producir un efecto gen�rico y universal sobre la poblaci�n. Incluso la emisi�n de un fallo con efectos inter comunis restringe sus beneficiarios y solo puede ser esgrimida por la poblaci�n que se encuentre en una posici�n equiparable a la de la parte accionante.

 

Alcance de los seguimientos emprendidos por la Corte Constitucional para lograr el cumplimiento de sus sentencias

 

20. La fase de seguimiento al cumplimiento de una decisi�n de tutela no es una instancia adicional para debatir lo resuelto en la sentencia de la que se busca el cumplimiento. Esta hace tr�nsito a cosa juzgada constitucional y, por ese motivo, se torna definitiva, invariable, inmutable y vinculante, incluso para el juez que la profiri�.

 

21. En esa medida, no es viable reabrir el debate judicial, como tampoco aminorar los efectos de la providencia de la que se persigue el cumplimiento con fundamento en nuevas controversias sustanciales. El fin del seguimiento es lograr la materializaci�n de las �rdenes de tutela ya dictadas, conforme a los efectos anunciados en la providencia correspondiente, en aras de lograr una protecci�n ya concedida de manera definitiva. Tal protecci�n no puede ser objeto de nuevo debate, bajo ninguna circunstancia. Por consiguiente, el monitoreo sobre el cumplimiento de una decisi�n de tutela no es el escenario para resolver nuevos conflictos, sino para materializar la protecci�n judicial previamente otorgada.

 

22. Tal como lo precis� el Auto 1000 de 2025 de la Corte Constitucional, la etapa que corresponde a la verificaci�n del cumplimiento de una decisi�n proferida por esa corporaci�n no tiene car�cter contencioso. Est� enfocada en el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la sentencia de unificaci�n, sin que pueda convertirse en un escenario para reabrir la controversia inicial, cuestionar la providencia ni atender nuevos conflictos ajenos a la causa primigenia.

 

Los efectos de la Sentencia SU-235 de 2016

 

23. La decisi�n de tutela adoptada a trav�s de la Sentencia SU-235 de 2016, de la cual se hace seguimiento, tiene efectos inter comunis. Al constatar en el expediente que los miembros de la asociaci�n demandante no son las �nicas v�ctimas de desplazamiento forzado de la Hacienda Bellacruz, esta Corte concluy� que hay quienes han reclamado la recuperaci�n y posterior adjudicaci�n de los predios bald�os, sin que promovieran la acci�n de tutela que deriv� en ese fallo.

 

24. De tal suerte, la decisi�n de unificaci�n en cita especific� que sus efectos se extienden m�s all� de quienes intervinieron en el tr�mite de tutela y su alcance se proyecta sobre sujetos que no son (i) demandantes, (ii) demandados ni (iii) terceros con un inter�s reconocido por el juez, pero que �se encuentran en condiciones iguales a aquellos que actuaron en calidad de accionantes�[24]. Es decir, es aplicable a �todas aquellas personas que acrediten su calidad de v�ctima del desplazamiento en la Hacienda Bellacruz�[25].

 

Respuesta a las solicitudes de vinculaci�n o participaci�n en el tr�mite de seguimiento por parte de varios agentes en el presente asunto

 

25. Tal y como fue referido en los antecedentes, se recibieron m�ltiples solicitudes de participaci�n en este asunto. A continuaci�n, se resolver� sobre cada una de ellas, en funci�n de los sujetos que pretenden la admisi�n de intervenci�n en el seguimiento que cursa ante esta Sala:

 

a)    Participaci�n del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

 

26. El grupo solicit� su vinculaci�n al tr�mite de seguimiento. No obstante, en el marco del expediente T-3.098.508, mediante auto del 19 de junio de 2014, la Corte Constitucional orden� vincular, entre otras, a la Hacienda La Gloria (Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.) y, al decretar la nulidad de todo lo actuado hasta entonces, el Auto 363 del 24 de noviembre de 2014 orden� �al Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil y de Familia que, de manera preferente y expedita reinicie el proceso de tutela [�] previa vinculaci�n y notificaci�n de los terceros interesados que fueron vinculados en sede de revisi�n�, entre los que se encontraba la referida sociedad. Desde ese entonces, aquella ostenta la condici�n de sujeto procesal, de modo que no hay lugar a vincularla al proceso de seguimiento que sucedi� a la emisi�n de la Sentencia SU-235 de 2016. Por lo se�alado, la vinculaci�n pretendida resulta innecesaria, dado que el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. ya est� vinculado al proceso seg�n se refiri� en antecedentes.

 

27. Con todo, comoquiera que la etapa de verificaci�n sobre el cumplimiento de una decisi�n de tutela no constituye un escenario contencioso, la facultad de intervenci�n ata�e exclusivamente al acatamiento de lo ordenado en la sentencia de unificaci�n, por lo que no puede emplearse como mecanismo para reabrir controversias zanjadas ni para proponer nuevas controversias sustanciales, pues en el tr�mite de cumplimiento el �nico objeto admisible es la satisfacci�n de los derechos que fueron tutelados y protegidos, lo que determina el �mbito competencial espec�fico del juez constitucional en el asunto.

 

b)    Participaci�n de los trabajadores del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

 

28. Tal participaci�n fue solicitada por el GAHLA y por cerca de 321 personas que se identificaron como sus trabajadores, mediante varios escritos en los que se�alan preocupaciones por la alegada p�rdida de los empleos que genera la actividad productiva de GAHLA, con relaci�n a los predios relacionados con el caso. Para quienes suscriben las solicitudes, el cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 derivar� en la devoluci�n de los predios en los que funciona un proyecto productivo asociado a la palma, del que los trabajadores, directos e indirectos, como sus familias obtienen su sustento. Consideran que el acatamiento de la decisi�n tendr� un impacto directo en sus vidas, emocionalidad y econom�a.

 

29. En relaci�n con este aspecto, el conjunto de solicitudes destac� que es imprescindible considerar el impacto que pueden tener las medidas de verificaci�n del cumplimiento de la sentencia de unificaci�n, como tambi�n la eventual restituci�n de los predios, en detrimento de (a) sus trabajadores, (b) la comunidad y (c) la regi�n. Sin embargo, como se ha explicado, en sede de seguimiento al cumplimiento del fallo judicial no corresponde a la Corte Constitucional modificar las �rdenes de tutela para ajustar o revertir la protecci�n constitucional ya en firme.

 

30. De otro lado, se advierte que el apoderado judicial del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. no acredit� tener la representaci�n de quienes afirman ser los trabajadores de dicho Grupo, como tampoco de las autoridades locales ni de miembros de la comunidad municipal. Por ello, aquel no cuenta con facultades para formular solicitudes espec�ficas frente a sujetos no representados por �l ni respecto de intereses que le son ajenos. Esta petici�n puntual se rechazar�, entonces, por falta de legitimaci�n procesal para formularla.

 

31. Frente a los dem�s escritos formulados en esta materia, se advierte que sus remitentes no acreditaron ser partes o terceros interesados en el tr�mite que corresponde a la sentencia de unificaci�n. Tampoco mostraron una condici�n equiparable a la de los accionantes, por lo que no les son aplicables los efectos inter comunis de la decisi�n. En esa medida, su participaci�n en el seguimiento no puede ser admitida en esta oportunidad. Esto no obsta para que, en el marco del seguimiento en curso, la Sala eval�e cu�les deben ser las medidas m�s adecuadas para ejecutar la protecci�n constitucional, la ponderaci�n con diferentes intereses en juego, la ampliaci�n de espacios dial�gicos a trav�s de los canales institucionales de verificaci�n y la adopci�n de medidas que de mejor manera satisfagan los derechos fundamentales tutelados en la Sentencia SU-235 de 2016.

 

c)     Participaci�n de los miembros de la comunidad

 

32. Se recibieron doce escritos firmados por distintas personas que se identificaron como miembros de la comunidad[26] y representantes de las Juntas de Acci�n Comunal Central Sima�a[27], vereda La Estaci�n[28], del corregimiento San Bernardo, como del consejo comunitario El Pato Yuyo[29]. Las solicitudes tienen en com�n la referencia a la importancia del GAHLA en la regi�n, as� como al impacto negativo de la Sentencia SU-235 de 2016 y de su cumplimiento para una zona en la que la actividad de la palma es determinante. En funci�n de ello, reclaman ser tenidos en cuenta en el marco del seguimiento y participar en las mesas de trabajo o de los espacios de audiencia correspondientes, como personas directamente afectadas por la restituci�n de los inmuebles, en tanto los beneficiarios de la sentencia no tendr�n la capacidad de continuar con la actividad productiva en las condiciones actuales.

 

33. Estas solicitudes deber�n ser rechazadas, pues los miembros la comunidad que suscribieron las peticiones referidas no acreditaron su condici�n de parte, como tampoco demostraron ser beneficiarios de los efectos inter comunis de la decisi�n. Los solicitantes puntualizaron que la b�squeda del cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 compromete los derechos de la comunidad para proteger otros derechos, pese a que, se insiste, en esta fase en la que ya existe una decisi�n de tutela en firme, no corresponde realizar un reexamen, ni la variaci�n de las �rdenes de amparo impartidas.

 

34. Si bien, los solicitantes alegan una posible afectaci�n a sus intereses derivada del cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, no acreditan un inter�s jur�dico directo en el proceso de seguimiento, en los t�rminos exigidos por la jurisprudencia para intervenir en el presente tr�mite. Refieren impactos indirectos o mediatos que, sin perjuicio de su relevancia en el plano material, no otorgan legitimaci�n procesal. Al respecto, es importante reiterar que, en esta fase, el objetivo est� estrictamente delimitado a la verificaci�n del cumplimiento de las �rdenes impartidas en la sentencia.

 

35. En esa medida, los peticionarios no ser�n tenidos como intervinientes procesales en el seguimiento actual, sin perjuicio de los mecanismos que eventualmente disponga la Sala en cuanto a la promoci�n de escenarios dial�gicos a trav�s de las instancias institucionales previstas para el desarrollo de esta fase procesal. No obstante, es relevante enfatizar en que tales espacios en ning�n caso generar�n derechos procesales ni habilitan a los solicitantes para incidir en el contenido de las �rdenes impartidas, ni en el ejercicio judicial para su cumplimiento. Aquellos, en caso de implementarse, tendr�an el objetivo de facilitar la materializaci�n del fallo, mediante la valoraci�n de informaci�n relevante para definir las medidas m�s adecuadas, sin que su desarrollo implique el reconocimiento de sujetos procesales ni la reapertura del debate de fondo, mismo que ya qued� resuelto de manera definitiva en la sentencia de unificaci�n.

 

d)    Participaci�n de las autoridades locales

 

36. Por �ltimo, el alcalde del municipio La Gloria hizo una solicitud tendiente a �hacernos parte del seguimiento de la ejecuci�n de la SU-235 de 2016; teniendo en cuenta la Solicitud de Pronunciamiento ante el Auto A1732 de 2025- Sentencia SU-235 presentada por la sociedad MR de Inversiones S.A.S. y el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. Sucursal Colombia�, bajo el convencimiento de que en el tr�mite de seguimiento solo han sido considerados �los intereses de otros sujetos, sin tener en cuenta que un eventual cierre o modificaci�n de operaciones afectar�a social y econ�micamente al Municipio y sus �rea de influencia�. A su juicio, es objeto de preocupaci�n que �en la ejecuci�n de la sentencia no se tenga en cuenta la importancia de la estabilidad de la empresa y del cultivo para todas las familias de las veredas y corregimientos del Municipio�. Para esa autoridad administrativa, el cumplimiento de la sentencia ser�a catastr�fico.

 

37. Al respecto inform� que �la influencia de Hacienda La Gloria en los ingresos municipales y su inversi�n para el desarrollo del mismo, constituyen el 33,92% en impuesto predial y el 10% por impuesto de industria y comercio de los recursos fiscales en un a�o�; con los recursos provenientes de esa actividad se han efectuado �inversiones en infraestructura, educaci�n y salud, sumado, como se indic� en el p�rrafo anterior, a la empleabilidad que genera la Empresa para la poblaci�n del Municipio, de manera directa e indirecta�. En esa medida, advierte �1. La p�rdida de todos los empleos por la desaparici�n de la empresa, con el consecuente impacto social para la zona; 2. Los riesgos de una mala gesti�n del cultivo que pueden llevar a una p�rdida de la productividad y generaci�n de desempleo y cierre de actividades comerciales y de servicios que dependen directamente de la gesti�n de la Empresa; 3. La p�rdida de ingresos fiscales al Municipio en un valor anual de $ 505.419.000, determinado por impuesto predial e Industria y Comercio y $634.114.000 impuesto de industria y comercio�.

 

38. En atenci�n a ello, la autoridad municipal hizo tres solicitudes: (i) convocar a las autoridades municipales al seguimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 y a los representantes de las Juntas de Acci�n Comunal y Veredal con fundamento en las sentencias C-359 de 2024 y SU-141 de 2020, en tanto se�alan �que la audiencia es un proceso de control de constitucionalidad con participaci�n de diversos actores, incluyendo �miembros de la sociedad civil y de comunidades �tnicas�; (ii) convocar a audiencia p�blica para que las autoridades municipales puedan hacer valer sus derechos; y (iii) analizar los efectos socioecon�micos del posible cierre de la empresa respecto al municipio La Gloria y sus habitantes al adoptar cualquier decisi�n[30].

 

39. La Alcald�a de La Gloria al no ser parte en el expediente de tutela que origin� la Sentencia SU-235 de 2016, ni sujeto en condiciones equivalentes a la de los actores en este asunto, no ser� considerada como interviniente en la instancia de validaci�n del cumplimiento del mencionado fallo. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala podr� evaluar la forma de adecuar las instancias institucionales de apoyo al seguimiento para establecer actividades de coordinaci�n con la autoridad territorial, la cual seguramente habr� de prestar su colaboraci�n en la ejecuci�n de las medidas que sean �tiles para el cumplimiento del fallo, como responsable asimismo de asegurar el bienestar de la comunidad en la regi�n.

 

40. Cabe se�alar que las sentencias cuya aplicaci�n invoc� la Alcald�a en su escrito no resultan �tiles para las reclamaciones formuladas, en la medida en que de ellas no se desprende la conclusi�n que expone la autoridad administrativa. Por un lado, la Sentencia C-359 de 2024 analiz� la constitucionalidad del Acuerdo de Escaz�, y al hacerlo mencion� los hallazgos derivados de la audiencia p�blica desarrollada en ese asunto espec�fico el 26 de abril de 2024, sin consideraci�n adicional alguna y sin efectuar las consideraciones que la autoridad administrativa le atribuye. Por otra parte, la SU-141 de 2020 resolvi� sobre una solicitud de amparo por la exclusi�n de sujetos en audiencias preliminares, propias de los procesos penales, respecto de las cuales abord�, en espec�fico, su publicidad. Tales decisiones no resultan pertinentes para el caso objeto de an�lisis ni fijan par�metros de participaci�n en el marco de los procesos de seguimiento al cumplimiento de las decisiones de esta corporaci�n, en los t�rminos sugeridos por el alcalde de La Gloria.

 

Otras solicitudes radicadas por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria

 

41. Finalmente, respecto de la comunicaci�n radicada por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. el 20 de enero de 2026, y reiterada en tres correos electr�nicos de la misma fecha, la Sala entrar� a pronunciarse sobre cada uno de los aspectos all� planteados que no han sido resueltos previamente.

�

42. Vinculaci�n del GAHLG al proceso de restituci�n de tierras. La sociedad solicit� a la Sala ordenar su vinculaci�n al proceso de restituci�n de tierras que cursa en la Sala Civil Especializada en Restituci�n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C�cuta, respecto del cual inform� que se le ha negado la calidad de opositor.

 

43. La referida solicitud ser� negada pues se trata de un asunto que no corresponde con el tr�mite de verificaci�n del cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 y que compete en forma exclusiva a la Sala Civil Especializada en Restituci�n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C�cuta, por lo que cualquier pretensi�n al respecto ha de tramitarse ante esa instancia judicial, sin que el juez constitucional del cumplimiento tenga habilitaci�n para resolver sobre cuestiones que son propias del tr�mite procesal a cargo del juez natural.

 

44. Medidas para el seguimiento. El GAHLG propuso la creaci�n de un mecanismo de seguimiento que lo involucre, como a los demandantes, a las entidades p�blicas demandadas y a la Procuradur�a General de la Naci�n. Adem�s, contempl� la necesidad de ordenar al Juez 001 Civil del Circuito Especializado en Restituci�n de Tierras de Barrancabermeja la apertura de una etapa de negociaci�n entre los demandantes y el Grupo, para buscar f�rmulas de arreglo que involucren la compensaci�n de los bienes objeto de restituci�n y la protecci�n de la actividad de explotaci�n econ�mica que desarrolla sobre el predio, a favor del Grupo, de los trabajadores y de la comunidad circundante.

 

45. En este estado del tr�mite de verificaci�n y considerando que actualmente se han previsto medidas de impulso al cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, a trav�s del Auto 1732 de 2025, frente a las que la Sala de Seguimiento deber� medir su efectividad y capacidad para dinamizar el acatamiento de las �rdenes dictadas por la Sala Plena en aquella decisi�n de unificaci�n, no procede modificar las determinaciones adoptadas espec�ficamente en cuanto a las instancias de apoyo a la verificaci�n, sin perjuicio de la tarea asignada a la Defensor�a del Pueblo en el Auto del 27 de abril de 2026. Las consideraciones expuestas sobre este punto por el GAHLG ser�n evaluadas en su oportunidad por la Sala Especial de Seguimiento, atendiendo al prop�sito de fortalecer los canales dial�gicos y de presencia local para considerar las inquietudes que permitan una soluci�n integral, ponderada y efectiva para el cumplimiento de aquella sentencia.

 

Con fundamento en lo anterior, la Sala Especial de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016

 

RESUELVE

 

Primero. RECHAZAR por improcedentes las solicitudes de intervenci�n en el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 referidas en este auto, que fueron presentadas por (i) el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., (ii) trabajadores de la sociedad Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., (iii) miembros de la comunidad del municipio La Gloria y (iv) la Alcald�a municipal de La Gloria, por las razones expuestas en esta providencia.

 

Segundo. Por lo anterior, ADVERTIR a las personas que pudieran tener inter�s en intervenir en el presente tr�mite, como trabajadores del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. y miembros de la comunidad municipal, que frente a quienes no sean parte en el expediente T-3.098.508 o sobre las personas respecto de las cuales no sea posible predicar una situaci�n equivalente a la de los accionantes en dicha actuaci�n, la Sala y el magistrado ponente se estar�n a lo resuelto en la presente providencia.

 

Tercero. RECHAZAR por improcedentes las solicitudes formuladas por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. en cuanto a su vinculaci�n al proceso de restituci�n de tierras y a la adopci�n de medidas de seguimiento, por las razones se�aladas en esta providencia.

 

Cuarto. COMUNICAR por conducto de la Secretar�a General de la Corte Constitucional este prove�do a los solicitantes, indic�ndoles que contra el mismo no procede recurso alguno, y DISPONER que comunicaciones futuras que reiteren solicitudes de intervenci�n en los mismos t�rminos podr�n ser despachadas por el magistrado ponente, inform�ndose a los solicitantes sobre el alcance de esta providencia.

 

Comun�quese y c�mplase,

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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